“Somos la institución que regula la gestión ambiental y promueve el desarrollo sostenible en Guatemala de forma participativa” es la misión del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Sin embargo, ¿qué es el desarrollo sostenible?
“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro de satisfacer sus propias necesidades, y buscaba atender tanto las demandas por una agenda de protección del medio ambiente como las de asegurar el desarrollo de los países con menor nivel de desarrollo”, es la definición de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Hasta 2019, la palma africana era considerada un cultivo B1 o de moderado a alto impacto ambiental y esto obligaba a la industria a cumplir requisitos, como difundir en medios nacionales y de la región el proyecto y sus efectos para llegar a un consenso con las comunidades afectadas. Sin embargo, con el acuerdo ministerial 204-2019, ahora esta industria pasó a ser B2 o de moderado a bajo impacto ambiental, disminuyendo así sus responsabilidades socioambientales.
Requisitos | A | B1 | B2 | C |
|---|---|---|---|---|
Tienen la obligación de difundir en la radio, para informar al público, que se presentará un instrumento legal (para poder hacer las plantaciones de palma africana) ante el MARN. | Si | No | No | No |
Publicar sus edictos o la resolución del instrumento legal en el diario de mayor circulación a nivel nacional y regional.
| Si | No | No | No |
Hacer presentaciones de asambleas, talleres y reuniones de trabajo siempre considerando el idioma y pertenencias culturales del lugar donde el proyecto tendrá influencia.
| Si | No | No | No |
Están sujetos a las resoluciones de gestión ambiental. | Si | Si | No | No |
Deben presentar un seguro de caución a favor del MARN y hacer el pago para obtener la licencia ambiental por un plazo establecido. | Si | Si | Si | No |
Estas reformas permiten que las industrias palmeras puedan ampliar sus proyectos sin notificarle a la población, ya no tienen que cumplir con las resoluciones de gestión ambiental ni dar talleres y charlas acerca de lo que representa su presencia en el territorio. Esto aumenta la desinformación y el poco consenso entre la población y la industria.
Para el diputado Román Castellanos, miembro de la comisión de Ambiente del Congreso, esta industria es solo una muestra de a qué intereses responden los representantes políticos. Para el legislador, haber modificado el listado taxativo a favor de la industria no es beneficioso para la biodiversidad del país y demuestra la fragilidad institucional que se tiene para accionar y regular este tipo de agroindustrias.
“El problema es que algunos políticos no responden al bien común sino al interés de las demandas de algunos sectores”, explicó Castellanos. Además considera que esta industria no ayuda al desarrollo sostenible del país y que se debe recuperar la capacidad del Estado para emitir sanciones proporcionales a los daños que causan.
Esta clasificación de obras, proyectos y actividades industriales buscaba normar y colocar requisitos proporcionales al impacto que causan en los lugares en donde se desarrollan, siendo “A” la categoría más alta y “C” la mínima. La Palma africana se encuentra en la B2. Sin embargo, con las reformas realizadas, según la mayoría de expertos consultados, esta dejó de ser proporcional afectando así a las poblaciones vecinas a la industria y beneficiando a las actividades económicas.
En la regulación que estuvo vigente entre el 2016 y 2019 se consideraban de alto impacto las actividades que tuvieran más de 500 hectáreas. No existía la categoría “C” sino la “B1” era la de menor impacto.
En el listado actual y vigente, con la inclusión de la categoría “C” todas las categorías bajaron un nivel. Ahora las actividades con más de 500 hectáreas, sin colocar un límite, son consideradas B1.
“Esta reforma es ridícula. Desde mi juicio la palma africana es un cultivo de moderado a alto y de alto a altísimo impacto ambiental”, declara el Dr. Luis Ferraté, exministro de Ambiente en 2011. Su postura ante la industria se debe a las grandes extensiones de bosques que, durante su mandato, las palmicultoras buscaban obtener para hacer el cambio de uso de suelo de bosque a palma.
Para el extitular de la cartera de ambiente, las consecuencias de la tala y cambio de uso de suelos no se verán a corto plazo sino en el largo plazo. “No es cuestión de solo cortar el bosque, eso tiene un costo y el calentamiento global lo está demostrando”, expresó Ferraté.
En la actualidad los únicos dos cultivos que se consideran de alto impacto ambiental por sus extensiones son los ingenios de la caña de azúcar y el banano.
Para el diputado de Petén e integrante de la comisión de Ambiente del Congreso , César Fión, crear leyes que busquen parar, de forma radical, la deforestación es primordial. Fion es el promotor de la iniciativa de ley 5843 que busca reformar la Ley Forestal en busca de un mayor control para la industria de la palma africana.
“Estamos sobrelegislados”, son las palabras de Karen Rosales, directora de Grepalma al preguntarle sobre la iniciativa de ley. Sin embargo, según lo expuesto por Fion, no solo los socios de Grepalma existen en Guatemala. “Hay una palmicultora por Chisec que le vende a México y tala y vende indiscriminadamente y no está agremiada. Lo que busca esta iniciativa es parar la deforestación provocada por la industria que está más agresiva en estos momentos”, explicó Fion.
este delito consiste en sancionar con 5 a 10 años de prisión y una multa de Q500 mil a Q1 millón a las empresas que, contando con la autorización correspondiente para la siembra y cultivo de palma africana que no sean bosques, se pasen de los límites de siembra autorizados.
este delito consiste en sancionar con 5 a 10 años de prisión y una multa de Q500 mil a Q1 millón a las empresas que deforesten y cambien el uso de suelos de un área cubierta de bosque primario por la siembra y cultivo de palma africana.
En una misma línea y de acuerdo con lo expresado por la Licda. Rosales, Jose Goubaud, asesor del diputado Julio Lainfiesta, director de la comisión de Ambiente, explica que no es haciendo más leyes que se solucionará este y otros problemas sino haciendo cumplir las que ya se tienen.
“Guatemala tiene mucha sobrelegislación, sin embargo, el problema es que no se cumplen las leyes”, declaró Goubaud. Según el asesor político esta ley carece de integridad y no pondría fin al fenómeno ya que no existen instituciones fuertes que hagan cumplir la ley.
Nada alejado de la realidad. La historia de la jueza Karla Hernández, quien llevó el caso del ecocidio en Sayaxché, Petén y que acusaba a la empresa REPSA, es un ejemplo de ello. “A la jueza la empezaron a difamar, la amenazaron y hasta la denunciaron por cerrar la empresa temporalmente”, narró la antropóloga, Patricia de la Roca.
Los abogados de la empresa realizaron una denuncia penal en contra de la jueza por daños y perjuicios e interpusieron un amparo ante la Sala Regional de Apelaciones de Petén y esta, a pesar de que en ningún momento declaró que la jueza excediera sus competencias, decidió emitir su fallo a favor de Repsa.
Alrededor de dicho ecocidio en 2015, Sayaxché, Petén, pasaron muchas situaciones que no se le pueden atribuir a la empresa pero que, de forma directa o indirecta, afectan al caso.
Después de ordenar que se cerrara la empresa por seis meses empezaron una serie de hechos que hacen este caso memorable. En septiembre del 2015, frente al Juzgado de Paz en Sayaxché, fue asesinado por múltiples heridas de balas el profesor Rigoberto Lima, primero en denunciar la contaminación de Repsa.
Días después, en el mes de octubre, manifestantes y trabajadores de la empresa, solicitan su apertura y una audiencia con la jueza. Para conseguirla, retuvieron a tres ambientalistas. Luego, a unos metros de la puerta de entrada al Ministerio Público (MP) de San Benito, Petén, fue asesinado el abogado Roberto Álvarez quien asesoraba a una organización que denunció el ecocidio.
Posteriormente la Sala Regional de Apelaciones de Petén otorga el amparo provisional a la empresa Repsa para que pueda operar de forma regular y deja sin efecto la clausura ordenada por Hernández.
Carlos Castañeda, director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN, considera que son más beneficios que problemas los que promueve esta industria. “Todo genera un impacto y por eso ellos (los palmicultores) nos presentan un plan de cómo mitigar los impactos y al nosotros darles el aval ambiental los comprometemos a seguir una serie de regulaciones”, explicó Castañeda.
Para Castañeda y el MARN, el monocultivo no es el problema sino la falta de fondos para esta cartera. Según lo explicado por Castañeda la mayor parte del presupuesto se va en salarios y funcionamiento del ministerio y para regular esta y otras actividades en todo el territorio nacional cuentan con, aproximadamente, 25 técnicos lo que dificulta una minuciosa regulación.
Las legislaciones y gobiernos anteriores le han abierto las puertas al modelo de negocio agroindustrial sin poder mitigar o minimizar el daño que este produce de forma integral.
Que los gobiernos se presten a beneficiar a las industrias y empresas privadas no es algo nuevo según la antropóloga Patricia de la Roca. “Lo planteó como emergencia nacional”, narró de la Roca al describir cómo el gobierno del expresidente, Óscar Berger, le abrió las puertas a lo grande a la palma africana.
Según una investigación realizada por El Observador y la narración de la experta, en el año 2006, durante una visita a Ixcán, Quiché, Berger, promocionó el proyecto llamado “Palmas del Ixcán” y expresó que las tierras de Guatemala eran aptas para este cultivo y que esto llevaría a la producción de biodiesel. A este movimiento lo llamó “Plan Marshall” y lo llevó a cabo en conjunto con el embajador de Estados Unidos, James Derham y el entonces presidente de Green EarthFuels, Gregory Bafails, una de las principales productoras de agrocombustibles en el país norteamericano con sede en Houston, Texas.
Con 14 millones de dólares ya invertidos en el proyecto la empresa estadounidense se retira del proyecto y se quedan únicamente con los créditos de los bancos Agromercantil (BAM) e Industrial (BI) y en manos de NaturAceites. Según las declaraciones dadas en ese momento por la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), fue por problemas de dinero gracias a la caída del precio de los agrocombustibles y los conflictos por parte de las comunidades del Quiché y Petén a donde pretendían expandirse.
En este estudio resaltan apellidos de familias terratenientes del país que fueron y algunos siguen siendo socios de este proyecto que sigue vigente como la familia Maegli-Mueller, dueños de NaturAceites, plantaciones ubicadas en El Estor, Izabal y Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. Y otras como los Torrebiarte y Arriola que se retiraron del proyecto.
Palmas del Ixcán buscaba adquirir, entre los años 2008 y 2013, más de 25 mil hectáreas en Sayaxché, Petén, Cobán y Chisec en Alta Verapaz e Ixcan, Quiché .
Para la antropóloga de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y del colectivo Madre Selva, Simona Yagenova, esta situación se debe a las estructuras de poder. “Este fenómeno se generó históricamente y se ha ido actualizando en cada periodo histórico que le ha dado un poder a la clase dominante y de los sectores oligárquicos que no tiene contrapesos suficientes para que exista un equilibrio”, manifestó Yagenova.
Castellanos, Fion, Ferraté, Yagenova y de la Roca coinciden en que es indispensable, para poder parar este fenómeno, otorgarle a las instituciones encargadas de velar por el ambiente las herramientas e instrumentos suficientes para poder hacer las verificaciones correspondientes y de forma rigurosa.
Esto también ayudaría a que instituciones como el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y el MARN puedan tener datos actualizados y reales ya que sin datos no pueden haber políticas públicas.
La palma africana representa un fenómeno integral que va más allá de la política y el medio ambiente. Para las antropólogas Yagenova y de la Roca iniciar el debate público sobre implementar nuevos modelos de negocios y tener una nueva economía como país es fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible.