Con un ingreso de $422 millones 584 mil 387, según los datos de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), la mayoría de empresas palmicultoras se encuentran instituidas bajo el decreto 29-89 mejor conocido bajo el nombre de “Ley de maquilas” que otorga a las empresas ciertos beneficios fiscales como:
Empresas agroindustriales se beneficiaron bajo este régimen en sus inicios. “Este instrumento fue principalmente creado para exonerar los impuestos de importación a empresas textiles y fomentar la inversión en nuestro país. La palma africana y otras agroindustrias no deberían estar allí”, expresó el economista y analista, Hugo Maúl.
Para poner en contexto su observación es importante recordar que la palma africana no importa materia prima puesto que ellas son la materia prima. Siendo así, cuál sería el propósito de estar bajo ese decreto. Según la antropóloga Patricia de la Roca, quizá ahora ya no tenga mucho sentido pero, al momento de su creación, no pagaron ningún impuesto sobre toda la maquinaria que se utiliza para todo el proceso que conlleva el aceite de palma.
Para Maúl y el economista y experto en tributación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Abelardo Medina, ninguna agroindustria debería poder optar a clasificar bajo este régimen. Es importante recalcar que el decreto 29-89 ya no está vigente, ya que en 2016, esta llamada “Ley de maquila” fue modificada y en la actualidad se llama “Ley Emergente para la Conservación del Empleo”, decreto 19-2016.
Pero, ¿cómo llegan estas empresas a poderse instituir bajo este régimen? Para Medina es por que justifican la cantidad de empleo que producen o lo que representan en el PIB.
Para el ingeniero agrónomo y máster en economía agrícola del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Juan Carlos Méndez, el mayor problema de Guatemala es la falta de datos. “Las instituciones no tienen la capacidad de ver realmente el impacto de estas industrias y por ende, tampoco para poder crear impuestos o sanciones proporcionales al daño que producen”, dice Méndez.
“Como las leyes no parten de un análisis de evaluación ambiental estratégica sobre el impacto de las actividades, las regulaciones, no se pueden llamar políticas públicas”, explica Méndez. Esto provoca que las agroindustrias paguen impuestos por debajo de lo que provocan ambiental y socialmente.
es el impuesto que se cobra sobre las rentas o ganancias que obtengan las personas individuales, jurídicas o entes dentro del territorio nacional. Cuando el monto es menor a las Q300 mil se le impone un 5% y si lo sobrepasa el 7%.
Este es el impuesto por el que más dinero recauda el Estado y lo debería de pagar toda persona que compra algún bien o servicio que equivale al 12% de todo.
turismo que busca generar ingresos en las comunidades, zonas naturales y áreas rurales siempre buscando salvaguardar los recursos naturales y el crecimiento social, cultural y económico de la población local y así un desarrollo sostenible.
es una ciencia que estudia la viabilidad de la sostenibilidad del modelo económico para mantener un equilibrio entre la economía y la conservación del medio ambiente.
es un modelo de producción y consumo que implica reducir los residuos al mínimo y que todos los productos duren la mayor cantidad de tiempo posible. Cambia el modelo lineal de “comprar y tirar”.
Para Méndez, quien actualmente vive en Costa Rica, el modelo económico que este país vecino ha optado sería aún más rentable en Guatemala por su biodiversidad y los grandes lugares turísticos como las ruinas maya en Tikal, Petén.
“Acá en Costa Rica prefirieron invertir en el turismo, en conservar el medio ambiente que aumentó la economía rural, más pequeñas y medianas empresas de ecoturismo y derivaciones. Esto porque no podían regular bien a las minas y monocultivos”, narró Méndez.
El que no existan datos ni regulaciones específicas para las agroindustrias es un problema que se debe poner en la mesa del debate público a corto plazo para Medina. Ya que, este tipo de industrias cada vez tienen mayor presencia en el territorio nacional, instituciones gubernamentales sin capacidad de regular y cada vez explotan más los bienes y servicios del país.
Para el director y fundador del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (IARNA – URL), el doctor en economía ecológica, Juventino Gálvez, esta industria genera empleos y divisas pero, como cualquier actividad económica, genera impactos.
Tanto para Gálvez, Maúl, de la Roca y Medina el mayor problema es la falta de datos concretos que ayuden a crear una legislación tributaria proporcional a los daños. Además de no tener instituciones gubernamentales capaces de regular y dimensionar el impacto de estas industrias y poderla parar o sancionar a tiempo.
“Generan empleo pero, ¿qué calidad de empleo?, representan una cantidad significativa del PIB (1.13%) pero, ¿a qué costo ambiental y social? La pregunta realmente es ¿son más sus pros que sus contras o más contras que beneficios?”, cuestiona Méndez.
“A nosotros no nos toca legislar. Para eso están las instituciones encargadas de ello”, dijo Rosales de Grepalma. La directora de la gremial hizo énfasis en que ellos cumplen con lo que la ley y las autoridades les solicitan. Si lo que les solicitan es o no justo no les corresponde determinarlo a ellos como industria.
¿Cómo puede haber desarrollo sostenible e integral si los sectores más competitivos son los que buscan evadir impuestos y no son regulados? “Se benefician del estado y son precisamente esas empresas que presumen sus altos niveles de ganancias y sus altos niveles de competitividad internacional que, paradójicamente, son los sectores más productivos los que evaden impuestos”, cuenta Medina.
Según Gálvez y Méndez la creación de sanciones económicas y de los impuestos correspondientes no son la única forma de compensar el daño causado por esta industria. “Más allá del dinero y la sanción, que sí, sí debe de ser severa para que entiendan, hay más que hacer. Por ejemplo, si deforestan que reforesten, si contaminan cuerpos de agua que inviertan en tratamiento de agua, todo esto en busca de una economía más circular”, propone Méndez.
Según Medina, los expertos a nivel mundial y las potencias mundiales tienen tratamientos tributarios preferenciales parciales, temporales y decrecientes. “Esto es lo ideal”, explica Medina.
“Hay que determinar qué quiere conseguir el país. Porque sin eso, lo que termina haciendo el gobierno, es beneficiar a ciertos sectores y no al país”, argumenta Medina.
Los expertos concluyen que esta industria carece de regulaciones proporcionales y que el costo ambiental y social es mayor a sus aportes.
