Para el bienestar de la población y de las futuras generaciones la Organización de Naciones Unidas (ONU) planteó 17 objetivos para el desarrollo sostenible y, según la antropóloga, esta industria no beneficia en nada a que estos se cumplan.
En una de sus investigaciones sobre las plantaciones de palma a lo largo de la Franja Transversal del Norte (FTN), de la Roca explica cómo en dichas instituciones contaban con un botiquín básico de casa para la cobertura de decenas de trabajadores. Cuenta que no les pagaban salarios mínimos, con jornadas de a veces más de 12 horas. También narra que los trabajadores están expuestos a una cantidad alta de químicos, plagas y a condiciones naturales poco favorables, como el fuerte sol, lluvias y tormentas que presentan los departamentos donde se cultiva la palma africana.
Sin embargo, y contradiciendo a de la Roca, el Ministerio de Trabajo en unos estudios de verificación realizados en 2015, 2018 y 2021 en algunas empresas palmeras de la FTN y región sur del país confirma que estas cumplen con derechos básicos como, salario mínimo, condiciones óptimas salubres y ambientales.
A pesar de las verificaciones, en el mismo documento enviado por el Ministerio de Trabajo, resaltan 173 denuncias realizadas por parte de los trabajadores de industrias de palma africana o fábricas donde se utiliza como materia prima, en los departamentos de San Marcos, Izabal y Alta Verapaz. Sin embargo, en esta tabla de denuncias no aparece el departamento de Petén, donde se encuentra la mayor cantidad de plantaciones actualmente.
Los testimonios de los pescadores y vendedores de pescado en Sayaxché, Petén, y extrabajadores de las plantaciones de NaturAceites, ubicada en El Estor, Izabal, concuerdan con las narraciones de la antropóloga.
“Solo pedimos el salario mínimo y prestaciones y nos echaron a todos sin indemnización”, cuenta Adán Xo, extrabajador de la empresa por 19 años. Él y sus 200 compañeros que fueron expulsados explican que sus jornadas de trabajo rondaban entre 10 y 12 horas y sus sueldos que rondaban entre Q12 y Q26 diarios.
En represalia a esta situación, los trabajadores se han organizado para invadir tierras que pertenecen a NaturAceites. Ante la toma de estas propiedades, se ha generado ya una orden de desalojo. Para algunos vecinos, la agilidad con la que la orden de desalojo se genera, en comparación con la lentitud o inexistente atención a las demandas de trabajo, es un reflejo más de la desprotección que hay hacia la población.
Para Byron Paredes, defensor de los Pueblos Indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la antropóloga de Madre Selva, Simona Yagenova, estos conflictos no son nada nuevo. Ya que, según la experiencia de ambos, afirman que el descontento se produjo debido a que muchos de los pobladores vendieron sus tierras a cambio de trabajo digno. Promesas hechas por la industria que no se cumplieron.
Las falsas promesas o la coacción para que vendan sus tierras es el modus operandi de esta industria. “O nos vendes vos o nos vende tu viuda”, es una frase que, según de la Roca, es frecuente en estas negociaciones donde solo uno gana.
“Es un fenómeno complejo. Desde la procuraduría buscamos abarcar de forma integral e interdisciplinaria el tema de los monocultivos”, explica Paredes. En el estudio realizado en 2018, en la FTN, buscó verificar los siguientes aspectos:
De estos, según a las conclusiones que llegaron los expertos, no se cumple ninguno.
Este problema económico y laboral histórico lo explica la antropóloga Simona Yagenova. “Cuando uno penetra en el tema, de las dimensiones y de todo lo que implica en términos socioambientales, en impactos acumulativos y en impacto en materia de derechos humanos motiva a comprender de manera integral el fenómeno”, dice Yagenova.
Para el Dr. Juventino Gálvez el derecho ambiental es violado por esta industria. Sin embargo, esto conlleva a la violación de otros como los laborales, culturales, fundamentales y en general a todos.
“La palma africana hay que ponerla en contexto para entender su dimensión”, dice el Dr. Gálvez y explica que estos son los mayores problemas a nivel socioambiental:
Fue la explicación de Gálvez. Quien, desde su experiencia expone que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no hace nada. “Si quitamos el ministerio no habría ninguna diferencia”, dice Gálvez.
Por su parte el director de Gestión Ambiental del MARN explica que “hacen lo que pueden con lo que tienen”, ya que para él, el problema son los pocos recursos humanos y materiales para el funcionamiento de la institución.
Por su parte el alcalde de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, Arnoldo Fontana, afirma que el “único problema de la palma es que contamina”, pero que desde que las empresas palmeras están en su jurisdicción la economía ha mejorado.
“Han hecho carreteras y ahora contamos con todos los bancos en el municipio”, Expresa Fontana y admite tener una buena relación con la industria ya que considera que ese será el éxito para el desarrollo de su territorio.
Por su parte, el alcalde de Sayaxché, Petén, José María Cabnal, mantiene una posición neutral frente a la industria a pesar de la contaminación y los antecedentes de posibles delitos ambientales en su municipio.
El diputado Román Castellanos, miembro de la comisión de Ambiente del Congreso, manifiesta su preocupación ante la poca capacidad de regulación de las instituciones del país.
Según de la Roca, no habrá una solución a este problema si no se fortalecen las instituciones gubernamentales. Pero, también hace énfasis en la importancia de que la población tenga conciencia del problema y lo dimensione y así logre cambiar su cultura adquisitiva. Porque mientras haya demanda siempre habrá oferta y por ende, mientras se siga consumiendo el aceite de palma, esta industria seguirá vigente.
