Las noches del 28 de abril y el 6 de junio del 2015, Sayaxché, Petén, fue el escenario del mayor ecocidio registrado en la historia del país. Más de 70 toneladas de peces, de diferentes especies, murieron a lo largo de los 150 kms. del río La Pasión por la contaminación producida con varios químicos, entre los que resaltaba el palmiste de aceite, de la empresa Reforestadora de Palmas de Petén, REPSA, de Grupo HAME, productor de aceites y productos Olmeca, según un estudio realizado por la Unidad de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) por sus siglas en inglés.
A pesar de dicha investigación donde se demuestra que las lagunas de oxidación de la empresa estaban arriba de los límites normales y que al empezar la época de lluvia se rebalsaron el caso, hasta la fecha sigue abierto.
Los efectos de esta masacre ambiental de gran escala no solo causó daños en el agua, flora y fauna del lugar, sino también en la economía de los pobladores cuya economía dependía de la pesca.
Rebeca Bolón, ciudadana de Sayaxché y que se dedica a la venta de pescados desde hace más de 30 años, cuenta que además de la mortandad de peces y otras especies, se sumó la desconfianza de los consumidores a partir de ella. “Nos costó aproximadamente año y medio que la gente volviera a consumir nuestros pescados. Antes de que la palma viniera nosotros nunca habíamos visto algo así”, dice Bolón.
Por su parte el alcalde de Sayaxché, José María Cabnal, afirma que no tiene nada en contra de la empresa, ya que su gestión fue posterior a lo ocurrido. A pesar de mantener una posición neutra ante la industria, expresa que lo que él necesita es que respeten el medio ambiente y señala que no recibe ayuda, asesoría ni soporte del ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para poder regular a las palmicultoras.
Para el 2016, la palma africana ocupaba 664.31 kms. cuadrados del municipio. Es decir, un espacio similar a lo que representa Totonicapán y Sacatepéquez juntos. Y, a pesar de su presencia inminente en el área, Cabnal aseguró no tener ningún tipo de apoyo, ni información por parte de las autoridades competentes de cómo hacer una correcta legislación.
“Han hecho obras sociales de salud y educación”, afirmó el jefe edil. Sin embargo, al preguntársele por ejemplos concretos, no logró nombrar ninguno en específico al buscar justificar la permanencia de las empresas palmeras en su municipio. La percepción y opinión sobre la actividad económica está dividida entre los que la apoyan y los que la rechazan rotundamente.
“La alta demanda de nutrientes, agua y condiciones específicas que necesita la palma africana para su mantenimiento hace que no sea sostenible a largo plazo”, explica la antropóloga Patricia de la Roca. Ya que, desde su experiencia, esto causa la vulneración de los derechos de las personas.
“El río se ha ido secando desde que vino la palma a El Estor. Es una industria que utiliza mucha agua para el cultivo y no digamos para su procesamiento”, explicó Oscar Cucúl, poblador del municipio de El Estor, Izabal, en una entrevista realizada a orillas del río túnico.
Cucúl es el encargado de mantenimiento del Centro de Atención Materno Infantil (CAIMI), único centro de salud del municipio que lo vio crecer. Su trabajo le ha permitido ser el puente de comunicación, por la diferencia de idiomas, entre los pobladores y algunos médicos, dándole así la oportunidad de escuchar las historias que llegan al lugar.
El Estor, Izabal, es un claro ejemplo de cómo las multinacionales se ven aventajadas ante la poca legislación y regulación para industrias extractivas o de monocultivos. “Nosotros tenemos la minera, la bananera y la palmera y contaminan nuestros ríos, lagos y nos llenan de plagas”, narró Cucúl.
Los cuerpos de agua están siendo dañados por la contaminación de la producción de palma y el caso más memorable es el del río La Pasión. Sin embargo, para Karen Rosales, directora de la Gremial de Palmicultoras de Guatemala (Grepalma), este caso no se le puede atribuir solamente a la empresa REPSA porque no solo ella utiliza ese tipo de químicos. A pesar de proteger la imagen de una de las empresas más importantes para la gremial que dirige, no pudo desligar ni negar en su totalidad la participación de la palmicultora en el ecocidio.
La respuesta de Rosales, hace alusión al Malatión. Un insecticida utilizado en las lagunas de oxidación de las palmicultoras para matar a los insectos que llevan los frutos de la palma. Pero, según los hallazgos presentados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, en el río no solo se encontraron rastros de este pesticida, sino también aceite. Fue la capa que se formó en la superficie del cuerpo de agua, la que impidió la oxigenación de los peces y provocó la muerte de más de 70 toneladas de peces de diferentes especies y más de 150 km. de contaminación del cuerpo de agua.
A más de seis años del ecocidio, el caso de Repsa sigue abierto y sin una resolución definitiva. La directora de Grepalma asegura que la empresa cuenta con los mejores manejos de toda su cadena de suministros y la gremial considera a la empresa como uno de sus casos de éxito.
El acceso al agua es uno de los derechos básicos e inalienables de todos los seres humanos y es una realidad nacional que, tanto en el área urbana como en la rural, hay una insatisfacción por el acceso a este recurso. Según el censo realizado en 2018, por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 41% de la población guatemalteca no cuenta con tuberías dentro de sus hogares y deben de salir a buscar este recurso a otras fuentes. Esto se debe al mal uso de los bienes hídricos del país por parte de las autoridades dándole prioridad a las industrias y no a sus ciudadanos.
Según un informe presentado por la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, en 2014, en Guatemala el 77% del uso de caudales se utiliza para las agroindustrias, el 16% para el consumo humano y el 7% restante para otras industrias y otros sectores.
Previo al ecocidio del río La Pasión ya las comunidades y pobladores habían realizado denuncias públicas sobre la contaminación de cuerpos de agua, sobretodo de ríos, como el caso de contaminación de la empresa Palmas del Ixcán.
De acuerdo con la investigación realizada por la antropóloga Simona Yagenova, del colectivo Madre Selva, una recopilación de denuncias hechas por la PDH, el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), Prensa Comunitaria y estudios técnicos de la Universidad Rafael Landívar (URL) revelan cómo este fenómeno ha sido constante en el tiempo:
Una persona, anualmente y en promedio, consume 36 mil 500 litros de agua al año cubriendo todas sus necesidades, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una planta de palma africana requiere de 150 a 200 litros de agua al día y en época seca llega a necesitar hasta 300 litros, lo que en promedio representa 91 mil 500 litros al año por cada palma sembrada, casi el triple del consumo humano. Con esta alta demanda, no es casualidad que todas las palmicultoras se encuentren ubicadas cerca de cuerpos de agua.
Se buscó contactar a la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), para tener su perspectiva sobre la importancia, aportes y aspectos de mejora de la industria de la palma africana. Se intentó en reiteradas ocasiones hablar con la directora ejecutiva de la institución, Carla Caballeros, quien no quiso dar declaraciones al respecto y no ha enviado información sobre lo solicitado hasta la fecha. Sin embargo, a continuación se presenta una línea del tiempo con las denuncias realizadas ante instituciones como el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y denuncias civiles.
En pleno 2021 se procedió a visitar el municipio de Sayaxché, Petén, y la vendedora de pescados, Rebeca Bolón, comentó que en los meses de mayo y junio pobladores de la aldea Las Pozas, Petén, denunciaron la muerte de peces nuevamente.
Los ríos de la Costa Sur no están exentos de la contaminación de la industria palmera. Según los datos de Grapalma, el 21.45% del cultivo se encuentra en esta área del país.
A pesar del evidente mal uso de los recursos hídricos no existen legislaciones ni regulaciones que garanticen el buen manejo y tratamiento del agua, así como el derecho al acceso de este recurso.
Mientras la presencia de la palma africana en Guatemala crece en área y producción, las regulaciones a la misma se debilitan, dando vía libre a la industria para el uso y desgaste de los recursos.
Guatemala es llamado el país de la eterna primavera por su diversidad de flora y fauna. Sin embargo, esta diversidad cada día se vuelve más vulnerable ante las grandes agroindustrias poco reguladas por las autoridades nacionales.
Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Bosques, INAB, en el 2001, Guatemala contaba con 4 millones 089 mil 852 hectáreas de cobertura forestal. Para el año 2016, último año del que tienen registro, contaba con 3 millones 574 mil 244 hectáreas. Esto equivale a más de medio millón de pérdida de bosques.
A su vez esto conlleva que las empresas se regulen a sí mismas y puedan optar a certificaciones internacionales diciendo cumplir ciertos requisitos que ellos, mediante terceros, regulan. Pero, las autoridades del país no pueden verificar su cumplimiento. Este es el caso de la deforestación ya que, por ejemplo, las empresas que cuentan con la certificación de aceite sostenible (RSPO) ya no pueden crecer en tamaño ni cortar más árboles si desean seguir certificados. Sin embargo, ¿cómo las autoridades nacionales pueden corroborar que, en efecto, no se está deforestando más si no hay datos actualizados?
Cobertura forestal por año | Hectáreas |
|---|---|
2001 | 4,089,852 ha |
2006 | 3,802,370 ha
|
2010 | 3,675,786 ha |
2016 | 3, 574,244 ha |
Según el INAB, entre 2006 y 2016, a la industria palmera se le pueden atribuir 22 mil 006 hectáreas de deforestación. Representando, en 2016, el 1.54% del área de cultivo. Pero, este dato proporcionado tiene como base el área del territorio nacional y no del área cultivable del país. Lo que implica que la cifra es mayor en cuanto a la cantidad de suelos aptos para la agricultura.
Período de tiempo | Hectáreas deforestadas |
|---|---|
2006 – 2010 | 1,844 ha./ año |
2010 – 2016 | 2,131 ha./ año |
Año | % del área de cultivo |
|---|---|
2006 | 0.46% |
2010 | 0.78% |
2016 | 1.54% |
“El problema es que no se ha sabido llevar bien la industria en Guatemala”, explicó Carlos Méndez, ingeniero agrónomo. Según el experto los efectos negativos del cultivo serían menores si, por ejemplo, este se cultiva en suelos volcánicos y no boscosos porque dicho suelo se puede recuperar más fácil.
El exministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Dr. Luis Ferraté, no concuerda con el ingeniero agrónomo y, al igual que la antropóloga Yagenova, considera que la palma africana no puede ser sostenible y que, cambiar los ecosistemas, traerá graves efectos en el cambio climático.
Para el exjefe de la cartera de Ambiente es complicado crear regulaciones proporcionales al daño que causan estas agroindustrias porque los dueños de estas, son los grandes empresarios que conforman la élite guatemalteca y negocian las leyes a su conveniencia.
“No existe una legislación que regule a esta industria. Y no se pueden tomar decisiones sin datos y hechos concretos y, lastimosamente en Guatemala, la información que tenemos es paupérrima”, explicó el Dr. Esto se traduce en industrias que no cuentan con una supervisión del cumplimiento de los requisitos para impedir el deterioro de los ecosistemas del país.
Las instituciones encargadas de supervisar a esta y otras industrias no cuentan con la cantidad suficiente de personal capacitado para realizar las mediciones, según el exministro de la cartera. Esto conlleva a que no haya datos actualizados y se otorguen licencias para estas plantaciones sin tener, realmente, la capacidad de verificar que su impacto no sea negativo para el medio ambiente.
A su vez esto conlleva que las empresas se regulen a sí mismas y puedan optar a certificaciones internacionales diciendo cumplir ciertos requisitos que ellos, mediante terceros, regulan. Pero, las autoridades del país no pueden verificar su cumplimiento.
Un ejemplo de esto es Grupo HAME y MEME, que se ha visto involucrado en denuncias por contaminación de cuerpos de agua, como el ecocidio en el río La Pasión, en 2015 y cuenta con más de 12 certificaciones de “aceite sostenible”. Se trató de contactar con Repsa directamente, por el número de teléfono que parecía en internet, sin embargo, contestó un guardia de seguridad que solo informó que había que contactarse con el área administrativa. Posteriormente, se envió un correo a Grupo Olmeca, que pertenece a Grupo Hame y se obtuvo una respuesta de Beatriz García, coordinadora de Comunicación Interna, solicitando los temas a tratar para agendar una entrevista con los encargados, lo cual se envió y ya no hubo repuesta de su parte.
Grupo HAME y MEME es el más grande a nivel nacional en cuanto al cultivo y producción de palma africana. Tiene presencia en los departamentos de Quetzaltenango, Escuintla, San Marcos y Petén y es una corporación que cuenta con varios tipos de empresas:
Al igual que otras palmicultoras como Naturaceites, ubicada en El Estor, Izabal y San Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, cuentan con la certificación de “aceite sostenible” a nivel internacional, RSPO, por sus siglas en inglés Roundtable on Sustainable Palm Oil.
“Aceite sostenible” es la forma en la que las empresas asociadas o no a Grepalma se venden al mercado nacional e internacional. La certificación de RSPO busca que los derechos humanos de todas las personas involucradas en la producción de aceite de palma sean garantizados por esta industria y su verificación está a cargo de terceros según explicó Mauricio Mejía, trabajador del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés.
Para Mejía, Grepalma está haciendo un “trabajo magnífico (SIC)”. Sin embargo, lo presentado por Grepalma y lo analizado por Mejía no tiene coherencia con los datos. Ya que, empresas que están agremiadas a Grepalma y cuentan con la certificación de RSPO no cumplen con los derechos humanos básicos de los ciudadanos siendo ese su propósito, como lo demostró un estudio realizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Zuleth Muñóz, Defensora Socioambiental de la PDH, explica cómo dicho estudio expone y explica cómo las grandes agroindustrias de monocultivos, entre ellos la palma africana, vulneran todos los derechos humanos.
Esta regulación internacional y nacional deficiente hace que la mayoría de ellos, cuentan con los terrenos adecuados para la siembra de este cultivo y no lo hacen por no dañar su territorio ni a sus habitantes . Mientras que las autoridades de Guatemala, el país afectado por el cultivo, si lo permiten, según la antropóloga Patricia de la Roca.
El impacto ambiental de esta industria es solo una parte del fenómeno. En la actualidad aún no existen políticas específicas vigentes para esta actividad económica y tampoco datos suficientes para hacer políticas públicas que realmente mitiguen estos efectos negativos y repercusiones a futuro por la palma africana.
